COMUNICADO DE LA ASAMBLEA ANTIRRACISTA POR LA REGULARIZACION MADRID
A seis años de la primera carta enviada al Presidente desde diversos movimientos antirracistas, que dio inicio a la demanda histórica de la regularización urgente, permanente y sin condiciones para las personas migrantes, y ante la inminente publicación del RD de Regularización Extraordinaria y preocupadas por limitaciones en los borradores del Decreto final, reclamamos una regularización extraordinaria que responda a la realidad de las personas migrantes y racializadas.
- Ampliación del plazo más allá del 30 de junio.
El actual plazo es absolutamente insuficiente para un procedimiento que va dirigido a cientos de miles de personas en situaciones de precariedad, que enfrentan barreras administrativas, económicas, idiomáticas, tecnológicas y sociales muy profundas.
Un plazo tan corto va a dejar fuera a las personas más excluidas, volviendo a convertir la regularidad administrativa en un privilegio. - Reconocimiento de las migrantes como personas y no reproducción de la criminalización: No se deben penalizar las trayectorias de supervivencia. Exigimos una lectura garantista, contextualizada, y de justicia social y racial de las trayectorias expresadas en las solicitudes y documentación, evitando que la pobreza, el desplazamiento forzado o la exclusión se conviertan en cierres del acceso a la regularización.
- Claridad y acceso real en el reconocimiento de la vulnerabilidad. No existe información precisa sobre si será obligatorio presentar un informe de vulnerabilidad para acogerse al supuesto contemplado en el Decreto. Ello supondría una significativa barrera, tomando en cuenta la precarización de los servicios sociales y que pueden producirse lecturas restrictivas o burocráticas de la idea de vulnerabilidad. Es necesario que se explicite inequívocamente que la situación administrativa irregular es por sí misma un motivo de vulnerabilidad. De existir, los informes deben ser opcionales y no pueden ser filtros que dejen fuera a personas vulnerabilizadas.
- No se pueden exigir requisitos o documentos imposibles para la regularización extraordinaria.
Muchas personas migrantes nos encontramos entre dos aguas de abandono, la del Estado español y la de nuestros países de origen. Vamos a denunciar públicamente cualquier requisito que sobre el papel parezca lógico pero que en realidad sea una barrera de hecho. - Doble vía real de acceso: presencial y online.
Exigimos que la entrada al procedimiento sea flexible y garantice de forma efectiva tanto la vía presencial como la telematica/online. La brecha digital es excluyente. No puede haber una regularización pensada solo para quien tiene certificado digital, manejo administrativo y acceso a internet. - Mediación, traducción e interpretación en todo el procedimiento. Exigimos recursos públicos suficientes de mediación, traducción, interpretación y acompañamiento jurídico-social. No hay justicia administrativa sin acción afirmativa antirracista. La burocracia reproduce el racismo institucional cuando ignora la brecha digital, las barreras idiomáticas, la precariedad económica y la desigualdad estructural que atraviesa la vida de las personas racializadas.
- Eliminación de las tasas. Exigimos la supresión de las tasas asociadas al procedimiento.Exigir tasas a personas a las que se reconoce una situación de vulnerabilidad es una contradicción. No se puede afirmar que se quiere proteger a quienes están en exclusión y, a la vez, poner precio a su acceso a la regularización.
- El Decreto para el Registro de Entidades colaboradoras ha excluido la participación directa de muchas organizaciones de personas migrantes y aliadas en el proceso de regularización. Contrariamente a lo que propusimos en la audiencia pública, el Decreto no da cabida a que las organizaciones antirracistas conformadas y lideradas por personas migrantes puedan participar de manera directa en el procesamiento de las solicitudes, dejando a las personas solicitantes en manos de abogados inescrupulosos y un sistema de atención asistencial, y tercierizando la gestión de nuestro acceso a derechos esquivando la deuda histórica que la administración pública tiene con la atención de las personas migrantes.
- Nada sobre nosotras sin nosotras. Todas estas exigencias están en consonancia con nuestras aportaciones a las audiencias públicas relativas al Decreto de Regularización y al Decreto sobre el Registro de Entidades colaboradoras.
Nuestras aportaciones están basadas en el conocimiento directo de nuestra realidad migrante racializada. Es indispensable evitar otro proceso fallido de regularización como lo fue la anterior reforma del Reglamento de Extranjería. - Es inconcebible que la violencia institucional racista y la angustia que genera en las personas sea objeto de aprovechamiento por parte de cualquier actor. Hemos manifestado ya nuestra preocupación y la alarma que han generado las prácticas de posible abuso por parte de algunos profesionales de la abogacía, cuestión que hemos puesto en conocimiento a la Subcomisión de extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española. Estamos vigilantes para poner en evidencia los abusos que se están produciendo por abogados y organizaciones que lucran descaradamente con la desesperación de nuestras comunidades.
