Los avances y carencias de la nueva Ley Educativa

Los avances y carencias de la nueva Ley Educativa

Por Jorge Santiago Martín, profesor y militante de IU Latina, publicado en La Guía de Aluche

La aprobación de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) ha provocado un rechazo contundente de la derecha, con sus partidos PP, C’s y VOX al frente y una fuerte campaña en su contra de distintas asociaciones y de las patronales de la escuela concertada que ven en ella un ataque a su modelo de Educación. Se le achaca al Gobierno de Coalición de PSOE y UP el querer reducir el espacio de la escuela concertada lo que, según ellos, provocaría el cierre de numerosos colegios, impediría el ejercicio de la libertad de elección de centro de los padres y las madres y devaluaría el nivel académico del sistema. Junto a este núcleo central de crítica ha trascendido a la opinión pública, a través de poderosos medios de comunicación, otros aspectos como la posible desaparición de los Centros de Educación Especial, el menosprecio a la asignatura de Religión, la pérdida de la cultura del esfuerzo y la eliminación del castellano como lengua vehicular que no constituyen nada más que falsos debates mantenidos por intereses partidistas y económicos. Vayamos por partes.

                Es cierto que la LOMLOE prioriza a la Educación Pública frente a la Educación Concertada en un intento de ir dando más peso a la primera para acercarnos a los niveles europeos. En este sentido no hay más que recordar el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

                En el marco de una Educación tratada como derecho y no como negocio, el ejercicio del mismo tendrá que estar garantizado por una Escuela Pública de calidad, equitativa, participativa, inclusiva, plural, crítica, laica y científica.

                Preocupa que las sucesivas reformas de las leyes de Educación hayan ido encaminadas a desmantelar la Educación Pública, rebajando la financiación de la misma, detrayendo los recursos necesarios, masificando las aulas, reduciendo los contenidos e introduciendo dinámicas empresariales y abatiendo el ánimo de los profesores y las profesoras.

                Al contrario, la Educación Pública debe contar con la financiación suficiente y los recursos adecuados.

                Además, el mantenimiento de tres redes diferenciadas de escuelas: la pública, la concertada y la privada rompe con el ideal ilustrado de Escuela Unitaria que debería garantizar el acceso en igualdad de condiciones a una educación de calidad independientemente del origen, clase social o condición socioeconómica de los niños y las niñas.

                La constatación de que la Educación Pública se está transformando en un gueto y va adquiriendo un carácter asistencial para los niños y las niñas de las clases desfavorecidas, donde se concentran los problemas derivados de la situación socioeconómica de las familias, en la que se rebajan las pretensiones académicas y en la que florecen los problemas de fracaso escolar es la que empuja en el sentido de favorecerla y dotarla de todo lo necesario para resolver los numerosos problemas que tiene asociados.

La ley obliga a ampliar las plazas en la escuela pública

                En la LOMLOE se elimina el término “demanda social” a la hora de planificar las plazas de educación lo que era usado como excusa para otorgar más plazas en la escuela concertada. Realmente, esto suponía la financiación con dinero público de plazas escolares en las escuelas privadas utilizando el eufemismo de “sostenidas con fondos públicos” mientras se adelgazaba a los colegios e institutos de la Educación Pública a través del recorte de líneas y grupos.

                Ahora se tendrán que ofertar un número suficiente de plazas en la escuela pública para cubrir las necesidades de la población y se deberá promover un incremento progresivo de la red de centros de titularidad pública.

Elitismo o pluralidad

                Solo las mentes ideológicamente distorsionadas por un virus elitista pueden reconocer aquí un ataque intervencionista por parte del Gobierno central que atente contra la pluralidad del sistema educativo y el derecho de los padres y las madres a elegir la educación de sus hijos e hijas. Lo primero que hay que decir es que la pluralidad está asegurada en el sistema público a través de la selección pública del profesorado en régimen de funcionariado según su nivel y mérito profesional e independientemente de su ideario, lo que no sucede,  evidentemente, en la escuela privada ni concertada. Además, el intervencionismo gubernamental se restringe por la independencia de unos funcionarios propietarios de su función y no sometidos a los vaivenes de los cambios en el gobierno.

                También, habría que recordar a los padres y las madres preocupados por la educación de sus hijos que lo que existe es el derecho a la educación de los niños y niñas y que la libertad no consiste en poder elegir una plaza escolar subvencionada en un centro de un determinado ideario sino en que sus hijos e hijas puedan disfrutar de una educación de calidad en un ambiente plural y diverso desde cualquier punto de vista: social, político, sexual, etc. ¿Por qué algunos se empeñan en hurtar a los jóvenes la posibilidad de conocer la variedad social de un país y constreñirlos en esquemas mentales clasistas?

Combatir la segregación escolar

                En relación con todo esto la LOMLOE pretende el reparto equitativo del alumnado en función de sus condiciones entre los centros públicos y concertados a través de comisiones de admisión y la creación de “áreas de influencia” de los centros. La ley mantiene la libertad de elección de centro por parte de los padres, madres o tutores legales pero añade que “se dispondrán los medios necesarios para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos” y que las administraciones velarán por “la presencia equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales”.

                Se trata de impedir la formación de centros gueto de bajo nivel académico en los que se concentren alumnos provenientes de familias de baja renta y en riesgo de exclusión. Solo hay que recordar que España es el sexto país con más segregación escolar de toda Europa y que las escuelas públicas aceptan a 9 de cada 10 alumnos y alumnas de familias de renta más baja. Con respecto a los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje, la escuela pública presenta un 9,4 % de estos estudiantes frente a un 7,4 % en la escuela concertada.

Cuotas irregulares y parcelas de suelo

                Además, lo que resulta del todo inadmisible es que el 90 % de los centros concertados cobren cuotas irregulares a las familias escondiéndolas en forma de aportaciones voluntarias, cuando el no pagar significa la exclusión de los alumnos y alumnas de determinadas actividades que, a veces, se desarrollan incluso en mitad de la jornada escolar. Es por ello, que la LOMLOE prohíbe incluir actividades complementarias dentro del horario lectivo e insta a las administraciones competentes a controlar que no se realice el pago de estas cuotas en las escuelas concertadas.

                Otro asunto que la ley trata de corregir es la mala práctica cargada de corrupción que, por ejemplo, sucedía en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando se cedían parcelas de suelo público para la construcción de centros concertados que no existían oficialmente y por los que Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la CAM, cobraba jugosas comisiones. Esto terminaba provocando que en los nuevos desarrollos urbanísticos la oferta de plazas públicas fuera inexistente o se encontrara en condiciones de saturación mientras se favorecía la actuación de empresas constructoras y educativas que, con ánimo de lucro, aprovechaban unos nichos de mercado debidamente preparados ad hoc.

Medidas importantes, pero que mantienen los conciertos privados

                Son medidas todas ellas importantes que tendrían que poner a la Educación Pública en el lugar que le corresponde pero que adolecen de falta de concreción y que no supondrán la superación de la dicotomía pública/concertada para la que se debería plantear la progresiva incorporación de los centros concertados a una red única de titularidad y gestión públicas. La intención se clarifica cuando los Presupuestos Generales del Estado prevén un aumento de la financiación del 5% para la Educación Concertada. ¿Qué miedos pueden despertar entre los seguidores de esta educación las medidas de la LOMLOE cuando se favorece económicamente? Parece que la financiación seguirá su desigual curso: entre 2007 y 2017 el presupuesto para la Educación concertada creció un 25 % frente a un mísero 1,4 % que lo hizo el de la Educación Pública.

Los centros de Educación Especial no desaparecen

                 Y esto hay que dejarlo señalado bien claro para que no se extienda el temor entre las familias sin ninguna base argumental sólida. La LOMLOE especifica que para el alumnado de educación especial “se tenderá a lograr el acceso o la permanencia de este alumnado en el régimen más inclusivo” y, además, se desarrollará un plan para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

                Esto, en absoluto, significaría la expulsión de alumnos y alumnas de estos centros especiales que recibirán el apoyo necesario por parte de las administraciones educativas para seguir atendiendo de un modo especializado a aquellos alumnos y alumnas que lo requieran. El objetivo es una mayor inclusión social de estas personas y que, al estudiar rodeados de los que serán sus vecinos y vecinas, amigos y amigas o compañeros y compañeras puedan tener la oportunidad de participar de manera plena en la vida social sin menospreciar, en absoluto, el proporcionarles las herramientas necesarias que les permitan llevar una vida autónoma.

La Religión, los Valores Cívicos y Éticos y la lengua vehicular

                El ataque que las derechas ven contra la Religión se resume en que esta asignatura dejará de computar para la nota media y que no habrá asignatura alternativa a la misma. La Religión seguirá siendo de oferta obligatoria en los centros y será de carácter optativo para los alumnos y alumnas. El hecho de seguir manteniendo la Religión en el currículo y en horario lectivo continuará provocando problemas de organización de horarios y pérdida de horas lectivas para otras asignaturas además de la segregación que se introduce entre los alumnos y alumnas por motivos ideológicos particulares de las familias. En este ámbito el empujón definitivo que pondría a España, al menos, en la modernidad pasaría por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y que la Religión dejara de formar parte del currículo, situándose en el ámbito de la conciencia individual de los ciudadanos y ciudadanas.

                La LOMLOE introduce una asignatura de Valores Cívicos y Éticos «con contenidos referidos a la Constitución Española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al valor social de los impuestos, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia». Esta asignatura deberá ser impartida para todos los alumnos y alumnas en primaria y en uno de los cursos de ESO. Sin embargo, aún no se ha recuperado la asignatura de Ética de 4º ESO que era el único contacto de los alumnos y alumnas de la enseñanza obligatoria con la filosofía y que suponía una preparación para la Historia de la Filosofía de Bachillerato. Las voces más críticas recuerdan que la asignatura de Valores puede convertirse en nada más que una especie de «catecismo» laico cuando de lo que se trata es de que, según el nivel de madurez del alumnado, se ejercite la reflexión sobre los asuntos que siempre han preocupado al ser humano en su existencia.

                Otro de los aspectos que más revuelo ha generado es la eliminación del término de lengua vehicular referido al castellano de forma que la norma garantizará la adquisición de las competencias lingüísticas en castellano y en las distintas lenguas cooficiales. Se trata de otro falso debate ya que, realmente, lo que se hace es volver a la referencia de la Carta Magna que ya garantiza que el castellano es lengua oficial y borra un término introducido, por primera vez, en la ley de Educación de 2013 del ministro José Ignacio Wert. Fomentar el aprendizaje de lenguas como el euskera, el catalán o el gallego es fundamental para que la diversidad lingüística del país no desaparezca y esto, de ningún modo, puede suponer poner en peligro la existencia del castellano. Además, identificar el uso de las lenguas autonómicas con el independentismo y el nacionalismo es un equívoco que olvida que los idiomas son parte de la cultura y de la Historia de un país.

Eliminación de las reválidas

                Entre los pocos aspectos pedagógicos que tiene la ley son de resaltar: la eliminación de la reválidas finales en 4º ESO y 2º Bachillerato para la obtención de los títulos correspondientes, medida esta de la LOMCE que nunca llegó a aplicarse por la fuerte oposición que generó entre el alumnado y el profesorado; la vuelta a los programas de Diversificación de 3º y 4º de ESO que sustituyen a los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) de 2º y 3º de ESO, que habilitarán para la obtención del título de ESO y no condenarán a los alumnos y alumnas con más dificultades a volver a un curso de 4º de ESO ordinario que se les hacía cuesta arriba después de haber pasado por unas propuestas curriculares extraordinarias más adaptadas a las capacidades del alumno; y la eliminación de los itinerarios de Enseñanzas Académicas y Enseñanzas Aplicadas que dirigían a los alumnos y las alumnas al Bachillerato o la Formación Profesional respectivamente.

                Con respecto a la promoción de curso y titulación la ley abre la posibilidad de pasar de curso en ESO sin límite de asignaturas suspensas y, en Bachillerato, se podrá obtener el título con una asignatura suspensa, pero siempre que tenga el visto bueno de la Junta de Evaluación. Esto es lo que viene haciéndose hasta ahora recayendo la responsabilidad de la decisión en los profesores y profesoras que son los que conocen de primera mano la evolución académica, competencial y emocional de los alumnos y alumnas, aunque los criterios estarán suavizados para evitar las repeticiones antipedagógicas no debidas a motivos de madurez. Se mantiene el poder repetir una vez en Primaria y dos veces como máximo en Secundaria.

Faltan: repensar la Enseñanza, reducir las ratios, revisar los currículos,…

                Entre los defectos de la LOMLOE habría que destacar el hecho de que, realmente, se trata de una reforma de la reforma que no se ha planteado elaborar una norma duradera que vaya a la médula del proceso de enseñanza-aprendizaje para repensarlo con la vista puesta en unos objetivos claros que permitan el acceso a una ciudadanía plena. Para ello, se tendría que haber realizado un exhaustivo análisis de las realidades educativas, un estudio mayor y haber abierto un debate amplio con los agentes sociales y los distintos sectores de la Comunidad Educativa.

                No aparece reflejada ninguna referencia a una disminución de la ratio alumnos/profesor que pudiera mejorar el rendimiento académico por una atención más personalizada y, aunque se relega a un desarrollo normativo posterior, no se menciona la necesaria revisión de los currículos que hoy en día resultan densos e inabarcables para poder profundizar y reflexionar en los conceptos y contenidos que se consideren imprescindibles.

                La Educación y la Instrucción públicas siguen siendo absolutamente necesarias para generar ciudadanía emancipada y comprometida con un Estado de Derecho sano que no devalúe el conocimiento ni se pliegue a los intereses de unos mercados más interesados en la preparación de mano de obra flexible y superadaptable para un mundo líquido y un mercado laboral basura.

                Nos hubiera gustado un proyecto más ambicioso que verdaderamente plantara cara al neoliberalismo.