Gestión de la Comunidad de Madrid durante la pandemia

Al servicio de su clase

De entrada, tenemos que admitir que analizar la política de la Comunidad de Madrid durante la epidemia es un ejercicio tan ideológico como la propia gestión. Entendiendo por “ideológico” un conjunto de ideas que defienden determinados intereses. Nada que ver con el uso totalmente deformado de la palabra que se identifica con una politización sectaria, empobreciendo nuestro lenguaje y acervo cultural. Es cierto que se puede defender una posición política o ideológica desde el razonamiento lógico y abierto al debate o, por el contrario, desde la mentira y el esperpento, pero no hay que dejar que el árbol nos impida ver el bosque.

Cabe recordar, para empezar, como la Sra. Ayuso negaba la gravedad de la situación cuando el 26 de febrero, en el espacio televisivo Espejo Público afirmó que lo más peligroso “es el miedo más que el propio virus” además de “que lo que deja como secuelas son síntomas menos que los de la gripe”. Esto tiene su relevancia pues toda la estrategia de ataque del PP al Gobierno durante el Estado de Alarma, utilizando al Gobierno de la Comunidad de Madrid como ariete, se basaba en esta previsión.

Una vez que se desata la tormenta, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital se lanzan a suspender contratos de servicios sin tener en cuenta si la necesidad se mantiene, si se pueden reorientar para que cubran una necesidad surgida en la nueva situación o si era peor el remedio que la enfermedad alimentando las filas del paro y los ertes de forma innecesaria y, en muchos casos, injustificada. Como ejemplos baste citar los de los comedores escolares, los de actividades extraescolares y el control del absentismo o las escuelas infantiles. Las asociaciones de estas últimas se ofrecieron para mantener al menos una escuela con cocina en cada distrito abierta para elaborar comida destinada a familias con necesidades, por ejemplo, perceptoras del RMI. El ofrecimiento fue rechazado.

Estas medidas tuvieron sus consecuencias. Comunidad y Ayuntamiento tuvieron que hacer nuevos contratos y de ahí nacen los de Rodilla y Telepizza. Se aprovecha la circunstancia para barrer, una vez más, a favor de las grandes empresas.

Los pequeños comerciantes también fueron olvidados. También se aprovecha para dotar a la presidenta de apartamentos de lujo en los que pasar cómodamente el confinamiento y de paso dar algún contrato más a empresarios cercanos.

Qué contraste tan brutal entre el comportamiento ruin de esos círculos cercanos al Gobierno de la Comunidad moviéndose para ver de qué pueden sacar tajada en una situación de emergencia social frente a la reacción solidaria de miles de vecinos y vecinas por toda la ciudad creando de la noche a la mañana, y partiendo de cero, redes de ayuda para respaldar a los mayores, para suministrar ordenadores y otros materiales de estudio a familias sin recursos informáticos, Despensas de Alimentos y suministros básicos… El golpe viral tuvo la virtud de poner en evidencia los dos mundos que conviven en nuestra sociedad: el del egoísmo desenfrenado de los que idolatran la competencia (entendida no como capacidad sino como competición y la supremacía del más fuerte) y la entrega fraternal de quienes siguen creyendo en la solidaridad (entendida no como caridad, sino como ayuda desinteresada y cooperación). Así, mientras unos salían a la calle a protestar porque no podían disfrutar de sus aficiones favoritas, otros, esperaban pacientemente su turno en las colas del hambre.

Ante la segunda oleada de la epidemia, además de los confinamientos selectivos que han sido tildados de clasistas por multitud de entidades y de inútiles por los expertos, lo que más llama la atención es esa resistencia atroz a la contratación de personal en los servicios públicos que necesitan ser reforzados en este momento.

En la educación pública se ha dejado en manos de los equipos directivos y el profesorado la tarea de diseñar una hipotética vuelta al cole segura. Cuando se ha comprobado, una vez comenzado el curso, que era imposible la reducción de ratios sin contratación de profesores, se ha empezado a hacer tarde, mal y bajo la presión de la comunidad educativa. Se ha hecho con contratos precarios para poder deshacerse del personal, para ellos sobrante, en cuanto pase el punto crítico de la epidemia. Es la obsesión de no engordar el sector público.

Sin embargo, del funcionamiento mínimamente eficiente del sistema educativo depende una gran parte de la economía productiva. Los padres tienen que dejar a los hijos en algún sitio para poder acudir al trabajo.

El descenso de ratios a niveles que en otros países europeos son la norma, aquí se pretende que sea simplemente una medida temporal y obligados por la epidemia. En ningún momento se ha hecho pensando en el bienestar de los alumnos, en la mejora de su entorno para un aprovechamiento educativo superior, sino como ayuda auxiliar del sistema productivo, de las empresas; para asegurarse el concurso de su parte esencial, aunque nunca sean tratados como tales, los trabajadores y trabajadoras.

Pero donde la resistencia a la contratación adquiere tintes dramáticos es en la sanidad pública porque es donde la mayoría de la población se juega su salud. La política de la Comunidad ha estado presidida en este terreno por la opacidad y la falta de transparencia. En la primera oleada no se sabe exactamente cuánto personal se contrató y qué parte ha sido despedida. El que se suponía que era el mejor sistema sanitario del mundo dejó claras sus debilidades tras una década de recortes en sus presupuestos.

En la segunda oleada, en la que no cabe la sorpresa como excusa, se ha descargado el peso del seguimiento de la enfermedad en los Centros de Atención Primaria, no solo sin los refuerzos necesarios sino bajo el cierre de 47 de ellos.

Dice la presidenta que “no hay médicos”. Si lo que ofreces son contratos precarios y bajos salarios no te puede extrañar que el personal sanitario se busque la vida en otras comunidades autónomas o incluso en otros países.

Pero lo cierto es que, como norma, no se cubren las bajas de ningún tipo incrementando de forma muy peligrosa la presión sobre el personal sanitario. El punto vital en estos momentos es la necesidad de refuerzo de los Servicios de Salud Pública, lo que incluye a los rastreadores, y el de los Centros de Salud. Hacemos nuestras las palabras de Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid hasta el pasado 17 de septiembre, en una entrevista publicada en El Independiente; “Rastreadores, rastreadores y más rastreadores. A estas alturas de la pandemia, lo más eficaz para frenar la transmisión del virus es aumentar el número de rastreadores. Y en la Comunidad de Madrid no sabemos ni de qué color tiene el pelo un rastreador. Hay poquísimos cuando se disponían de los medios para cortar esto de raíz. El Colegio ofreció a la Comunidad durante el confinamiento 1.700 profesionales con un nivel básico-aceptable y nada. ¿Por qué Madrid no se puso a formar rastreadores en mayo?”. 

También en este terreno tan delicado se optó por hacer contratos con grandes empresas privadas del sector en vez de aceptar el ofrecimiento del Colegio de Médicos.

Pero toda esta forma de actuar tiene su lógica. No es sólo ineptitud, aunque la haya. No son errores, aunque los haya. Esta política tiene dos objetivos. El primero no asumir ninguna responsabilidad por lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, incluido el episodio funesto de las Residencias de Mayores, echando toda la culpa al que consideran Gobierno social-comunista. Esto es clave para dar munición a su electorado.

Y, segundo, pero lo más importante, defender los intereses de las grandes empresas por encima, o incluso a costa, de los intereses y la salud de la mayoría de la población trabajadora. Es decir, su prioridad es la defensa de los privilegios de esa minoría de grandes propietarios, la clase a la que Ayuso representa. En pos de ese objetivo no dudan en crear toda la confusión posible resistiéndose a tomar medidas confinatorias, rebelarse contra el Gobierno y acudir a los tribunales, en un tema y con unas posibles consecuencias mucho más graves de lo que ocurrió en Catalunya. La carencia de medidas en el refuerzo de la sanidad es lo que ha provocado que hoy, de nuevo, sea el confinamiento prácticamente la única barrera frente al covid19. Madrid rebasa con creces las tres condiciones señaladas por el Gobierno: tasa de contagios 500×100.000 habitantes, Madrid 735. Camas UCI ocupadas 35%, Madrid 41%. Tasa positividad 10%, Madrid 21%. La OMS marca la tasa de positividad, positivos por pruebas PCR realizadas, en un 5% para considerar que se tiene bajo control la epidemia.

La naturaleza es terca. O se toman las medidas de refuerzo de la sanidad pública que se necesitan en Centros de Salud, Sistema de Salud Pública y Epidemiología, y otros centros sanitarios, o se terminará teniendo que tomar medidas muy dolorosas para toda la población, incluida la economía.