#4M: ELECCIONES A LA COMUNIDAD DE MADRID

#4M: ELECCIONES A LA COMUNIDAD DE MADRID

Vota para elegir entre servicios públicos de calidad o servicios privados como negocio

La presidenta Díaz Ayuso ha forzado la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo para que su socio preferente de gobierno –Ciudadanos– no presentara una moción de censura tal y como hizo en la CA de Murcia.

Es vital que el 4 de mayo la participación electoral sea lo más alta posible. Todos y todas podemos y debemos pronunciarnos no tanto sobre personas, ni siquiera sobre partidos, sino sobre las dos grandes concepciones sociales que marcan y marcarán nuestras vidas: la que han puesto de manifiesto la mayoría del personal de la Sanidad (de hecho había convocada una huelga de médicos de los Centros de Salud), la mayoría del personal y familias de la Educación pública, así como de otros muchos servicios públicos que han solicitado más inversión para que puedan garantizar mayor cobertura y mayor calidad. O la contraria, que se basa en seguir recortando los servicios públicos con el fin de reducir sus prestaciones, en calidad y cantidad, empujando a quienes tienen más recursos a cobijarse bajo el supuesto paraíso de los servicios privados.

Solo dos leyes

En cualquier caso, tener que ir a las urnas de nuevo nos obliga a hacer un breve balance de este año y medio de gobierno de la Comunidad.

La Asamblea de la Comunidad de Madrid solo ha sido capaz de sacar adelante dos leyes en todo el año 2020. Mucho se ha hablado durante estos meses de cuáles eran los sectores esenciales de los que depende el funcionamiento de la sociedad. Pues bien, los diputados de la derecha y el Gobierno de Ayuso-Aguado se han encargado de dejar bien claro que ellos no son uno de esos sectores esenciales de los que depende el desarrollo de la vida en el territorio madrileño.

Dos leyes en todo un año es todo un récord de prácticamente nula productividad legislativa en un año de terribles necesidades sociales, pero más grave aún es comprobar sobre qué versaban las normativas aprobadas. No, no, nada que ver con pandemias sociales o sanitarias. Nada que ver con las Residencias de Mayores en las que murieron 5.688 persona por Covid19 en 47 días, entre marzo y abril del año pasado. Nada que ver con el incremento brutal del desempleo ni nada que ver con ningún tipo de ayuda a ningún sector de la sociedad afectados por la emergencia social.

¿Qué preocupó a los diputados del PP, Ciudadanos y Vox en 2020 hasta el punto de aprobar una ley? Pues dos temas que a su juicio deben ser tan importantes que han juzgado que tenían que tener prioridad sobre cualquier otra medida que evitase o al menos paliase los efectos de ser el epicentro de la pandemia en toda la península ibérica y un escándalo en algunos medios internacionales.

Esos temas son:

  • Reforma de la Ley del Suelo. ¿En qué consistía la reforma? Pues con la excusa de la pandemia, en este caso sí, eliminar la mayoría de las licencias urbanísticas que necesitan las empresas constructoras sustituyéndolas por declaraciones responsables. Es decir, permitir al sector de la construcción sortear todo control público de su actividad. Pocas leyes, pero, eso sí, con prisa y con polémica. El trámite fue en lectura única y sin quorum en la votación. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos anunciaron que llevarían la ley al Tribunal Constitucional por considerarla “fraudulenta”.
  • Creación de una nueva universidad Privada. Es la número 13 en la Comunidad de Madrid lo que indica la creciente privatización de la enseñanza universitaria y la correlativa degradación de la pública. Se llamará Universidad Internacional de la Empresa y pertenece al grupo Planeta Agostini.

¡Y ya está! Este es el resultado del trabajo legislativo de la derecha en la Asamblea de Madrid en todo un año, ya que solo se puede aprobar lo que ellos estimen conveniente.

Sin presupuestos

Pero es que el resultado de la labor del gobierno de Ayuso-Aguado(-Vox), no es mucho mejor. Ni siquiera han sido capaces de elaborar y aprobar un presupuesto durante dos años seguidos, ni para 2020 ni para 2021. Trabajar con un presupuesto de 2019 en un momento en el que se han multiplicado las necesidades por el efecto de la crisis económica y sanitaria parece que no le ha quitado el sueño a ninguno de los dirigentes derechistas de la Comunidad. Al contario, parece que les ha dado la excusa perfecta para no tener que justificar públicamente su oposición absoluta a aumentar el presupuesto de los Servicios Públicos porque eso va en detrimento del negocio de los sectores privados.

A los dirigentes de la derecha madrileña, que lleva 25 años al frente del gobierno autonómico, les gusta presumir de que nuestra región es la más rica de todo el Estado. Pero a ninguno de ellos y a ninguna ellas se les cae la cara de vergüenza por el hecho de que siendo la Comunidad Autónoma más rica seamos la que mayor desigualdad social presenta y la que menos gasta en Sanidad o en Educación por habitante.

Sanidad y educación públicas, maltratadas

En la Sanidad pública el presupuesto de los Centros de Salud entre enero y junio de 2020 fue recortado en 225 millones de euros, un 11% respecto a su presupuesto inicial. La opacidad es tremenda y nadie sabe dónde han ido a parar los 1.343 millones de euros que el Gobierno central transfirió a la Comunidad de Madrid para refuerzo de la Sanidad, salvo lo que se haya destinado a los efímeros seudo-hospitales Zendal e Ifema (240 millones de euros entre ambos). Pero la realidad de la gestión sanitaria es nuestra Comunidad cuenta con 2.800 camas hospitalarias que hace 10 años, con 5.500 profesionales menos, mientras el 50% del presupuesto se deriva a la privada.

En la misma línea ha evolucionado la situación en la Educación Pública. En 2020, dejando al margen a Ceuta y Melilla, Madrid tiene el gasto per cápita en Educación menor de todas las CCAA, y es inferior al de hace 13 años. Además, es la primera Comunidad que ha anunciado recortes en la Educación anulando todas las medidas que se han puesto en marcha durante la pandemia para reducir las ratios de las aulas.

¿El conjunto de esta actuación puede calificarse errónea? Tajantemente, no. No es ningún error. Y a la conclusión que nos lleva es que el problema no es “la política” en abstracto o en general, sino que el problema es una determinada política, la política que defiende y pone en práctica el PP, y la derecha en defensa de las grandes constructoras, las grandes empresas de la sanidad y la educación privadas, y de las grandes empresas de servicios que confían en seguir exprimiendo la teta de los recursos públicos para aumentar sus beneficios.

Por todo esto, insistimos en que es vital que el próximo 4 de mayo llenemos las urnas de votos. Debemos ir a votar para defender los servicios públicos y parar los pies a quienes han estado saqueándolos y maltratándolos desde hace 25 años y que, además, esta pandemia ha demostrado que son unos nefastos gestores.